Singer y Tatos publican un nuevo estudio sobre la financiación de la banda ancha universal

Millones de niños y estudiantes de postsecundaria tuvieron que recurrir a la enseñanza a distancia de emergencia durante la pandemia de COVID-19, lo que subraya la necesidad generalizada y crítica de un acceso de banda ancha fiable en todo el país. El acceso universal a la banda ancha es fundamental no sólo para la educación, sino también para maximizar las oportunidades de empleo, trabajar a distancia y administrar y participar en tratamientos de telemedicina.

Un nuevo estudio del Director General Hal Singer y el Consultor Ted Tatos examina el actual mecanismo de financiación del Fondo del Servicio Universal (FSU) y evalúa fuentes alternativas de financiación del FSU según criterios económicos objetivos. Llegan a la conclusión de que el actual mecanismo del FSU es insostenible y no podrá satisfacer las necesidades de su base de consumidores objetivo en los próximos cinco años.

La imposición de una tasa a las plataformas de publicidad digital o a los proveedores de servicios de Internet por cable (ISP) son alternativas naturales de financiación. Los autores evalúan estas fuentes de financiación alternativas utilizando tres criterios principales: (a) el tamaño y el crecimiento previsto de estas bases de financiación; (b) la capacidad de cada fuente de financiación para eludir la imposición de cualquier requisito de subvención mediante, entre otras cosas, el cambio de fuentes de ingresos para evitar el pago de las tasas; y (c) la medida en que la carga permanece en el lado del proveedor y no se traslada al usuario. Basándose en estos criterios, llegan a la conclusión de que la imposición de un canon de servicio a la publicidad digital constituye la mejor opción política.

En cuanto al primer criterio, aunque los ingresos de ambos servicios son aproximadamente iguales en la actualidad (más de 100.000 millones de dólares), se espera que los ingresos por publicidad digital crezcan a un ritmo significativamente más rápido que los ingresos por servicios de Internet por cable durante la próxima década. Incluso si los actuales niveles de financiación del USF se incrementaran hasta los 17.500 millones de dólares anuales (asumiendo generosamente una tasa de participación del 75% de los hogares con bajos ingresos que reúnan los requisitos y una subvención de 50 dólares al mes con independencia de la ubicación), en 2029 el factor de contribución de la publicidad digital sólo alcanzaría el 7,3%, frente a un factor de contribución del 14,6% si las tasas se aplicaran a los ISP fijos.

Ni los anunciantes digitales ni los ISP tienen mucha capacidad para eludir el pago de una tasa (segundo criterio). Sin embargo, con respecto al tercer criterio, la probabilidad de que una tasa en las plataformas de publicidad digital se repercuta a los consumidores (a través de los anunciantes) es pequeña. Los precios de los anuncios digitales se fijan mediante subasta y, por tanto, no están bajo el control directo de las plataformas publicitarias, lo que podría frustrar los intentos de repercusión. Incluso con cierta repercusión, los anunciantes no subirían los precios en la medida en que perciben los gastos de publicidad como un coste fijo. Por el contrario, la probabilidad de que una tasa sobre los ISP fijos se repercuta a los consumidores es alta, lo que socavaría el objetivo de subvencionar la banda ancha. Los autores calculan que una tasa impuesta a los ISP podría, a través de la repercusión, provocar que casi diez millones de clientes de banda ancha abandonaran el mercado de banda ancha.